fuente: la gaceta / por: irene benito
Durante 2017 se iniciaron más de 100.000 actuaciones en la justicia penal tucumana; pocas llegan a juicio. Billone, titular del Colegio, dijo que no entendía la reticencia a exhibir datos en una cita con enviados de distintas instituciones.
Todas las críticas y sugerencias que se pueden formular respecto del funcionamiento de los Tribunales provinciales parten de un déficit: la falta de información objetiva y periódica sobre el desempeño de las distintas oficinas. Marcelo Billone, presidente del Colegio de Abogados de la Capital, señaló esta falencia durante una reunión de presentación del informe para el fuero de familia que elaboró el Observatorio Permanente de Justicia, órgano de la entidad intermedia. “El Poder Judicial tiene que abrirse: es un imperativo del acceso a la información pública y la Corte Suprema de Justicia de Tucumán debe entenderlo así. La estadística existe y sirve para comprender qué está pasando en los Tribunales. No comprendo por qué la reticencia a exhibir los datos”, dijo el letrado.
Los motivos
La demanda de información útil para tomar decisiones quedó el 17 de abril en la mesa de la sala del Consejo Directivo del Colegio. Alrededor de ella se ubicaron, entre otros, Cristian Schurig, titular del Centro de Funcionarios Judiciales; Marcela Ruiz, presidenta de la Asociación de Magistrados; Marta Palazzo, secretaria de la Oficina de Violencia Doméstica; Luis Cerda, funcionario del Ministerio Público Fiscal; Valeria Bobillo Odstrcil, representante de la Secretaría de Gobierno y Justicia; Flaviana Yubrin y Pablo Bulacio, abogados responsables del Observatorio, y el propio Billone.
La idea de este primer encuentro era compartir las sugerencias que los observadores del Colegio habían elaborado para mejorar el funcionamiento del fuero de familia (a partir, por ejemplo, de la remisión por vía electrónica de los acuerdos de mediación; la atención de las defensorías de menores en el turno vespertino; la creación de un cuerpo de psicólogos y trabajadores sociales exclusivos para esa área de la Justicia, y la digitalización de los dictámenes). Pero el intercambio de opiniones tuvo un cariz más general. Billone, Yubrin y Bulacio explicaron a los presentes las dificultades que habían enfrentado para obtener datos que pudiesen reflejar la actividad judicial. El presidente del Colegio dijo que necesitaban acceder a los estudios estadísticos pero también a las auditorías que practica la Corte -estos documentos no están disponibles para la consulta pública, aunque este mes el presidente del alto tribunal, Daniel Posse, entregó números relativos al fuero penal al legislador oficialista Marcelo Caponio, quien, a su vez, los remitió a los colegios de abogados de la provincia-. Ante la mención de las auditorías, la camarista Ruiz tomó la palabra y recordó que esos procedimientos contenían información sensible.
Los abogados explicaron que no deseaban acusar a nadie ni pedir destituciones sino trabajar por el fortalecimiento del Poder Judicial. Billone puso como ejemplo la necesidad de nombrar 80 jueces, fiscales y defensores oficiales más que Posse había planteado a propósito de la controvertida puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal (fue postergada para febrero). “¿Por qué no explicamos de dónde surge esto? Es obvio que nadie puede hacer funcionar un hospital sin el número adecuado de médicos”, comparó. Y añadió que el Colegio había dicho al titular de alto tribunal que debía exponer la información que permita entender dónde está parado el Poder Judicial y trazar el rumbo: “el presidente de la Corte se comprometió a mostrar los datos, pero desconoce si esta es la posición de los demás vocales (René Goane, Antonio Gandur, Antonio Estofán y Claudia Sbdar)”.
En la reunión se dijo también que el caminar a ciegas, sin dirigir la atención hacia las zonas clave de los Tribunales, generaba políticas erráticas, y un crecimiento desorganizado y hasta carente de fundamento. El presidente del Colegio mencionó el caso de la ley de finales de 2016 que creó seis juzgados de primera instancia en lo Contencioso Administrativo (todavía no fueron concursados): “vaya a saber por qué la Legislatura hizo esto”.
“Disconformes”
Hubo una convocatoria a coparticipar la responsabilidad respecto de las decisiones desacertadas del pasado.
“Estamos disconformes con la administración de justicia. Algunos cambios introducidos para mejorarla, como la atención en el horario vespertino, no han dado los resultados esperados. Tenemos que hacer un mea culpa profesionales, jueces, funcionarios y empleados. Todos somos corresponsables de lo que sucede”, manifestó el titular del Colegio. Al respecto, la magistrada Ruiz añadió que había que analizar qué incidencia tenían los abogados en los tiempos de la Justicia. En general todos los participantes en la reunión coincidieron en que se imponía abordar las falencias desde los puntos de vista de los distintos estamentos que confluyen en el Poder Judicial, y se llevaron las propuestas del Observatorio para analizarlas en sus respectivas instituciones y proseguir el debate.
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